Facultad de Derecho
La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes fue fundada en 1968 como la primera en Colombia que organizó un programa por semestres e introdujo un modelo pedagógico en el que el estudiante desempeña un rol activo en su proceso de aprendizaje. Así, se sustituyó el énfasis en la cátedra magistral por metodologías que buscan que el estudiante desarrolle habilidades de investigación, análisis y capacidad para resolver problemas; un estudiante que asume el reto de construir el conocimiento jurídico orientado por sus profesores.
Para ello, la Facultad cuenta con un sólido cuerpo docente: 38 profesores con formación de maestría y doctorado integran la planta profesoral y 73 hacen parte del grupo de docentes de cátedra. Este último grupo lo conforman abogados en ejercicio, expertos en diferentes áreas del derecho.
En abril de 2005, el Consejo de la Facultad de Derecho, atendiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), introdujo algunos ajustes al Plan de Estudios. Esto trajo como consecuencia un refuerzo al ciclo de formación básica y cambios de estructura al ciclo de concentración.
La misión de la Facultad de Derecho es educar, formar estudiantes y profesionales competentes, críticos y comprometidos con su sociedad, con un conocimiento jurídico actualizado, integral y dinámico, fruto de una actividad académica e investigativa autónoma, sistemática e innovadora que les permita desempeñarse idóneamente en las distintas facetas de su profesión, siempre con miras a la creación de un futuro mejor y un mundo solidario.
La dimensión de la Facultad y el espíritu que en ella prevalece hacen de esta una unidad de trabajo muy particular, fundamentada en el diálogo respetuoso entre directivos, profesores y estudiantes, con un ánimo permanente de modernización e investigación de las disciplinas jurídicas.
Como sello de garantía de la excelencia académica de la Facultad, esta fue reacreditada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 3982, el 18 de abril de 2012, por 10 años (tiempo máximo permitido por la normatividad vigente). La primera acreditación fue otorgada mediante Resolución 2110 del 9 de septiembre de 2003, por ocho años.
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